La responsabilidad ‘política’ del Rey


Tras lo acontecido con el ‘caso Urdangarín’, y al margen de cómo finalice su imputación, o de si la misma se hace extensiva a la Infanta (como parecería lógico en Derecho aunque improbable en la realidad), es tiempo de que el Rey también asuma su parte de responsabilidad por éste y otros hechos: el autodisparo de Froilán – previo incumpliendo de la normativa para el manejo de armas – y la cacería de elefantes con posado fotográfico incluído. Ni los aplausos recibidos en su día en el Congreso (en absoluto exculpatorios sino de reconocimiento de su posición institucional y de su acción democratizadora en el pasado), ni las declaraciones políticas alabando su labor a lo largo de estos años, ni los comunicados realizados por el mismo Rey y la Casa Real, pueden servirle a medio/largo plazo. La sucesión es el único verdadero corta-fuegos que favorecerá el futuro de la Institución; sobre todo pensando en los juicios que se avecinan.

No hablamos aquí – en cuanto al ‘affair’ judicial – de los desmanes de un sujeto arrimado a la familia, sino de unas enormes lagunas éticas, de liderazgo y de cultura político-jurídica básica en, cuanto menos, una de las dos infantas; así como de una inaudita inoperancia en el control de la actividad de los miembros más cercanos a la Casa Real. Iñaki sólo se aprovechó de estas lagunas, tanto en su entorno conyugal como institucional, para con una desfachatez aparentemente delictiva beneficiarse (a manos llenas) de fondos públicos – que no de dineros y favores privados. A lo cual le devió animar la propia reverencia y opacidad de nuestras Administraciones Públicas.

Pero por todo ello, el Rey también debe quedar fuera de la primera línea. Difícilmente se puede seguir estirando, ya, su gran mérito en La Transición. Que la renuncia no se haga coincidir con el punto caliente de la Instrucción o de los otros escándalos menores (lo de Froilán y lo de la cacería de elefantes), se entiende, pero que se alargue demasiado en el tiempo sólo puede traer mayor coste y complicaciones a la Institución.

La lentitud de nuestra Justicia y el propio declive en la salud/estado físico del Rey hacen que un momento posterior a un hipotético Juicio Oral no pueda irse muy lejos. De ahí el valor que cobra este tiempo intermedio. La previsible exoneración procesal de la Infanta, lejos de evitar daños, mermará – más si cabe – la credibilidad de nuestra Justicia, y ese sí que es un coste que, como sociedad, no nos podemos permitir. Si es verdad que no sabía nada, ¿qué hace acompañando a Urdangarín a las actuaciones judiciales?; si no se enteraba pese a estar beneficiándose personalmente y figurar como socia y Secretaria en las sociedades, algún grado de responsabilidad tendrá; y si sí lo sabía y participaba como lo acreditan su nombre y firma y se deduce de su posición y formación, habría de ser llamada a declarar y, en su caso, imputada con todas las consecuencias.

About fernando de souza diaz pavon

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